El PSOE plantea un ente nacional que coordine la gestión de los ríos

El Partido Socialista pidió ayer una reforma de gran calado en la gestión de los ríos en España. El partido del Gobierno reclamó la creación de "un ente gestor global dependiente de la Administración General del Estado que coordinará todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas y sus interdependencias". La petición de este organismo llega después de que la legislatura pasada se acelerara la cesión de competencias sobre los ríos a las autonomías. Gracias a su Estatuto de autonomía, por ejemplo, Andalucía gestiona el Guadalquivir, cuya cuenca abarca otras tres autonomías.

El secretario de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, explicó por teléfono que la reforma nace de la necesidad de actualizar la Ley de Aguas, de 1985 aunque varias veces retocada: "Desde entonces se han transferido competencias en materia de agua pero nunca se definió el marco de coordinación".

Morán explicó que la Comisión Permanente del PSOE aprobó el documento Gestión sostenible del agua. Hacia un gran Pacto Social y que ahora enviarán a sindicatos, empresarios, comunidades y a otros partidos para buscar un pacto de Estado sobre el agua. A la presentación del documento en la sede central del partido en Ferraz acudió el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu.

El texto afirma que con el agua no se deben "segregar las competencias ni delegarlas, sino dar cabida a todos en este ente gestor". Este organismo nacional asumiría buena parte de las competencias que actualmente tienen las confederaciones hidrográficas, como "desarrollar la planificación general en todas las cuencas de todo el territorio, sean cuencas intracomunitarias, intercomunitarias o internacionales", regular las concesiones de agua y regular el agua en los embalses de cabecera -no en las redes de abastecimiento-.

España fue, en 1926, pionera en la creación de cuencas hidrográficas. Cada cuenca es gestionada por un único organismo aunque abarque distintas autonomías. Mientras el modelo europeo tendía a copiar este sistema, en los últimos años España fue hacia la descentralización. Los ingenieros de Caminos, los ecologistas, los regantes y muchos expertos -generalmente enfrentados entre sí- criticaron esta deriva.

Primero se cedieron las cuencas que solo discurren por una comunidad: Cuencas Internas de Cataluña o la Cuenca Mediterránea Andaluza. Y en 2007 Andalucía asumió el Guadalquivir gracias a la reforma de su Estatuto de Autonomía y al empeño del ex presidente autonómico Manuel Chaves, hoy vicepresidente encargado de las relaciones con las comunidades. Castilla y León, del PP, reclama la mayor parte del Duero y Aragón obtuvo en su Estatuto una reserva hídrica de 6.500 hectómetros cúbicos (como seis veces el derogado trasvase del Ebro). El Estatuto de Castilla-La Mancha encalló por el agua. El Guadalquivir está transferido pero el Ejecutivo se resiste a ceder el Duero, por ser un río internacional, y a aplicar la reserva para Aragón. Un sector del PSOE alentó el recurso de Extremadura, gobernado por los socialistas, contra el Estatuto andaluz.

Con la propuesta socialista, las demarcaciones hidrográficas actuales pasarían a ser "organismos altamente tecnificados, al servicio del Comité de Autoridades Competentes y del Ente Gestor Estatal".

Morán explica que el texto "no prejuzga" si debe o no haber nuevas transferencias de competencias ni "amenaza a las comunidades" y niega que llegue por la proximidad de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto andaluz: "Llevamos más de un año trabajando en esto y siempre iba a coincidir con algo".

El documento también acepta los trasvases entre distintas cuencas "que estén ecológica, social y económicamente plenamente justificados" y entra en la recuperación de costes del agua, el sistema para que los usuarios paguen realmente lo que cuesta el agua: "Para los nuevos regadíos deberá establecerse una nueva tarifa que cubra todos los costes, incluidos los de capital". La idea es que los usuarios del agua se acerquen poco a poco al pago real de las obras hidráulicas. Y afirma: "Se definirá, asimismo, un nuevo sistema tarifario para los beneficiarios de la utilización energética del recurso hídrico". La intención es que las eléctricas, que utilizan el agua sin pagar apenas nada por ella, abonen una cantidad que no sea solo simbólica.